El robo de dispositivos inteligentes ha dejado de ser solamente un daño patrimonial para las víctimas, sino que ahora también nos expone a los delitos relacionados con la información personal, como fraudes de identidad y campañas de phishing, afirman expertos en protección de datos. En un intento por disminuir este riesgo, así como los índices de robo de smartphones, los gobiernos de algunos países de América Latina han decidido implementar un proceso para inhabilitar los dispositivos y las líneas telefónicas comprometidas usando el código IMEI.
En promedio, los grandes centros urbanos registran alrededor de mil 900 robos de smartphones al mes. En tal contexto, el robo de smartphones en ocasiones es un catalizador para que se presenten otros delitos usando la información de la víctima, como secuestros o fraudes financieros; ahí la importancia de frenar esta práctica.
Esta iniciativa involucra la participación de múltiples instituciones gubernamentales, así como de las compañías fabricantes de smartphones y los operadores de telefonía móvil. En México, por ejemplo, las personas podrán registrar su IMEI ante una instancia gubernamental para crear una enorme base de datos de usuarios de telefonía móvil.
Acorde a los expertos en protección de datos, el propósito de constituir esta gigantesca base de datos es agilizar el proceso de bloqueo o inhabilitación de un equipo reportado; al generar alianzas entre el gobierno y las compañías privadas, se busca eliminar cualquier posibilidad de que un dispositivo móvil robado sea usado no sólo para hacer llamadas, sino para evitar que se use para conectarse a una red WiFi o como medio de almacenamiento, para ejecutar aplicaciones, etc.
Al ser implementada esta nueva política, las víctimas de robo podrían llamar a la instancia de gobierno correspondiente para comenzar con el bloqueo del equipo; la intención es que el usuario pueda bloquear el equipo aún sin haber realizado antes el registro del IMEI, por lo que correspondería a las organizaciones públicas contactar a las compañías prestadoras de servicios de telefonía. Posteriormente los operadores de telefonía móvil verificarán la identidad del usuario, concluyendo el proceso para inhabilitar todas las funciones de un smartphone.
Especialistas en protección de datos del Instituto Internacional de Seguridad Cibernética (IICS) consideran que esta medida, aunque reactiva, puede brindar resultados aceptables para fortalecer la privacidad de los datos personales en un contexto de inseguridad propio de las grandes ciudades.
Fuente: Noticias Seguridad
